¿Reacomodo o transformación del Estado?

Hoy Guatemala vive una crisis política que cada vez se hace más aguda y recurrente. Las elecciones del año 2015 no la resolvieron. Más bien la prolongaron.

Por Amílcar Pop

Una de las razones de ello es que las soluciones se generaron a partir de una institucionalidad vigente que sigue socavada y secuestrada, en mucho, por poderes fácticos y hegemónicos. Otra, una actuación ciudadana muy visible, pero determinada por la falta de agenda, y no por la claridad que debió manifestarse y darle curso a una desembocadura distinta a la que resultó del proceso electoral de ese año. Esos factores obviaron al final una realidad que se resumía en que en esas condiciones no debió haber elecciones, aunque no existían los determinantes objetivos y subjetivos para una salida congruente con las aspiraciones democráticas y de justicia.

La crisis política de estos días hace que se repita la historia y reaparezca la mirada corta sobre los cambios que Guatemala necesitaría: renuncia del presidente, renuncia de los diputados y reformas políticas centradas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Aún no se alcanza a ver que el país necesita más que eso, es decir, cambios estructurales, la transformación de su forma y fin.

Es posible que suceda la renuncia del presidente o su enjuiciamiento, tal como es posible que se den respuestas a las demandas dirigidas al Congreso y que se realicen reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. El problema es que estos cambios se darán teniendo como columna vertebral la actual normativa constitucional, la cual a estas alturas ha resultado intocable y ha mantenido la sujeción del Estado a los poderes fácticos, especialmente económicos.

La pregunta es si los cambios requeridos en el momento actual resolverán los problemas de fondo o solo servirán para darle una salida momentánea a la crisis política y favorecer el reacomodo de las élites, tal como pasó en el 2015 e incluso con algunas reformas constitucionales, como las de 1993. Sin minimizar en absoluto el sentir ciudadano, este no debe contribuir a generar esos reacomodos y, por lo mismo, la mirada sobre los cambios debe ir más allá. Hoy el ambiente está lleno de protagonismos dispersos y, sin duda, de marcados oportunismos. Y si estos se imponen, darán lugar a mayores retrocesos.

La actual Constitución, que expresa el pacto social de las élites, sin duda se constituyó, en medio de la guerra, en un instrumento para recuperar el poder político cedido a los militares, mediatizar el descontento popular y salir del aislamiento internacional que se traducía, en el fondo, en el aislamiento de las élites económicas, políticas y militares. Desde esta perspectiva, la Constitución vigente, a la par de garantizar la permanencia de los poderes hegemónicos, también configuró sus propios demonios, a los cuales hoy se pretende enfrentar y para lo cual las reformas son insuficientes.

Es vital un nuevo pacto social. Esto, porque los organismos del Estado, o sea, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, por no decir toda la institucionalidad, se encuentran no solo seriamente cuestionados, sino atados y corroídos por la acción letal de los poderes fácticos y del crimen organizado. Si queremos otro país, incluso el del discurso de las élites, hay que cambiar las reglas del juego. Y esto solo puede ser por la vía de una asamblea nacional constituyente.

¿Quiénes deben cambiar las reglas del juego y para qué? Esa es la pregunta que ahora se debe responder sin retórica. Deben ser nuevos actores, los que no están representados: campesinos, pueblos indígenas, jóvenes, mujeres, trabajadores, empresarios sensatos, los que reivindican la política e incluso la diversidad de la plaza en su expresión más genuina, crítica y legítima. Para qué cambiar sino para romper las ataduras, legales e ilegales, que dan lugar a los privilegios, a la corrupción y a la impunidad.

Una asamblea nacional constituyente genera temores. Sin embargo, a la par de ser una necesidad urgente, es una salida de fondo a la crisis. Existen en la normativa constitucional los procedimientos institucionales para ello. Y entre estos, el reto de conseguir por lo menos diez diputados para proponerla. De mi parte, y en la calidad de legislador de la que estoy investido, existe la voluntad expresa y manifiesta de hacerlo.

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