Historia de un infame crimen

Columna de Opinión de Haroldo Shetemul – extraída de Prensa Libre

A eso de las 6 de la mañana del pasado viernes se escuchó el estruendo de disparos que provenían del interior de la finca San Gregorio Puerta Parada, Coatepeque, y que iban dirigidos contra un grupo de campesinos que se reunió frente a la puerta de esa hacienda para exigir su jubilación. Don Eugenio López, de 72 años, cayó herido y un grupo de sus compañeros trató de llevarlo a un centro asistencial, pero murió en el camino. Testigos indicaron que el atacante habría sido un miembro de la seguridad de la finca, quien luego de disparar se internó en la propiedad, en un picop. Don Eugenio trabajó 25 años en esa hacienda y lo único que exigía era ser incluido en el programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia del IGSS que por derecho le correspondía, ya que mes a mes le descontaron la cuota laboral. Sin embargo, desde 1998 los propietarios de la finca no pagaron al Seguro Social y se embolsaron las cuotas de sus trabajadores. En total son 270 los afectados, de los cuales, 41 fallecieron por causas naturales sin tener acceso a su pensión.

Desde el 2008 los campesinos de la tercera edad comenzaron los trámites de jubilación, pero en el IGSS les indicaron que los patronos nunca cancelaron las cuotas, por lo que no tenían derecho al IVS. Han tocado muchas puertas sin resultado positivo. Es más, pareciera que las autoridades del Estado responden a los intereses de los finqueros. Desde el año pasado la PNC ha lanzado una persecución contra cinco activistas humanitarios que acompañan a los campesinos afectados. Ese es el caso de Dalila Mérida, quien fue capturada luego de que su casa fuera allanada. Sin embargo, hasta la fecha ninguna autoridad ha actuado contra los hacendados que han incurrido en apropiación y retención indebida de las cuotas laborales desde 1998. El IGSS informa que a los finqueros les han ofrecido que paguen el adeudo exento de multas, pero la respuesta ha sido negativa.

¿Quiénes son los finqueros que le han robado a sus trabajadores? La hacienda era propiedad de la familia Campollo, que luego la vendió a la familia Quintanal. Ambos clanes son responsables de la estafa contra los campesinos. ¿Tienen limitaciones económicas estos grupos empresariales? No, todo lo contrario. Los Campollo forman parte del G-8, el grupo integrado por los empresarios más adinerados del país y tienen grandes plantaciones de hule, caña de azúcar, palma africana, además de inversiones en bienes raíces y financieras. Los Campollo también tienen intereses en la Compañía Petrolera del Atlántico, gracias a las concesiones que hizo el gobierno de Álvaro Arzú en Izabal. Este grupo empresarial también fue mencionado en el escándalo del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en crear empresas de cartón para operar en paraísos fiscales, lejos del control tributario de sus países de origen.

Esta es la cruda realidad de un país con una enorme desigualdad social. Don Eugenio dejó su vida en la plantación de hule durante 25 años. Sus curtidas manos contribuyeron a generar la riqueza de sus patronos, de sol a sol, aunque a él solo le significó la pobreza eterna. Cuando le correspondía gozar de su jubilación se enteró de que lo habían estafado. Sí, esos mismos a los que su trabajo ayudó a enriquecerse. Y cuando un grupo de campesinos decidió hacer un plantón frente a la finca, fueron atacados a balazos. ¿Merecía morir así un trabajador que reclama sus derechos? ¿Es esta una forma humana de resolución de conflictos? ¿Qué dicen ante este asesinato los que pregonan la Responsabilidad Social Empresarial? Las autoridades deben investigar a fondo para dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales de este asesinato, además de lograr que los campesinos estafados reciban la jubilación a la que tienen derecho.

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